Friday, March 5, 2010

¿A quién beneficia el derribo del Cabanyal? (El Mundo, 26/02/10)

Francisco Carsí Chulvi

François Guizot, ministro de la Francia del siglo XIX, respondió a las reivindicaciones sociales y democráticas con el siguiente lema: “¡Franceses, enriqueceos!”. Si analizamos atentamente las actuaciones de Rita Barberá, curiosamente, parece haber tomado a Guizot como modelo, seguramente, ignorando el desastroso balance de su mandato: los ricos se enriquecieron más, y los pobres acabaron paupérrimos, germinando así la revolución de 1848.

De modo semejante, los años de crecimiento económico han pasado por encima del Cabanyal como un paréntesis. Un barrio que tendría que haber recibido una especial atención y protección por ser parte de nuestro patrimonio cultural ha quedado marginado de todas las políticas urbanas desarrolladas desde que Rita Barberá logró la alcaldía de Valencia, y ya vamos para las dos décadas. Resulta difícil de explicar a los valencianos y, especialmente a quienes viven en esta zona, que una ciudad que abre espacios nuevos y se vanagloria de su transformación dilapide barrios históricos que constituyen tramas y conjuntos urbanos únicos e irrepetibles que serían la envidia de cualquier ciudad europea.

Existe en derecho el principio, según el cual, nadie puede invocar en favor propio su incumplimiento. Por eso, que el Partido Popular alegue el estado de abandono del barrio, cuando desde 1993 tuvo la obligación, siempre incumplida, de invertir y de dispensarle una especial protección, no es sino un ejercicio de hipocresía política y jurídica, y pone en entredicho el talante democrático de quien esgrime estos argumentos.

Desde hace unos años ha surgido en los escenarios políticos la figura del “dictador democrático”, políticos populistas a los que Vargas Llosa denomina “dictadores populares”, de talante autoritario, vociferantes, que utilizan la descalificación del adversario tachándole de “enemigo del pueblo”, estrategia con la que consiguen importantes réditos electorales. Presumen de respeto a la democracia, pero rechazan de plano la transparencia, la participación y el pluralismo inherentes a la propia democracia.

Rita Barberá ha hecho gala de este tipo de dictadura democrática, alegando que si una mayoría de vecinos de los barrios marítimos de la ciudad le ha votado, ¡pues adelante con el derribo! Es la misma filosofía que practica cuando se encuentra con una sentencia del Tribunal Supremo que le quita la razón: aprobemos un decreto-ley para neutralizar la sentencia. Y reduce al president de la Generalitat a la condición de un mero comparsa de los devaneos de la alcaldesa y convierte a las Corts en una palanca de transmisión de la voluntad de una persona; todo ello, seguramente, fundado en una reciprocidad por los favores dispensados a Camps durante su particular calvario.

La irracionalidad se ha instalado en los despachos de la plaza de Manises y del Ayuntamiento. Una lectura literal del artículo 149 de la Constitución, no deja dudas respecto de que es el Estado el competente en temas de expolio del patrimonio histórico artístico. Si la Generalitat o el Ayuntamiento no están de acuerdo con la decisión estatal pueden impugnarla acudiendo a los tribunales, pero no les está permitido legislar en los ámbitos en los que son jurídicamente incompetentes.

Otra cosa es que se acuse al Ministerio de Cultura de atacar los intereses valencianos, cuando lo que está haciendo es una protección de un barrio de valor histórico y cultural. La alcaldesa podrá decir que es una protección exagerada, ¿pero proteger demasiado a quién perjudica? ¿No sería mejor preguntarnos, como hacían los romanos: “quid bono”?, ¿a quién beneficia el derribo del Cabanyal?

Rita Barberá repite hasta la saciedad que tiene la razón jurídica de su parte, pero ha tenido que forzar un decreto-ley extravagante para intentar desvirtuar una resolución judicial que le perjudica. El museo del despropósito en que se han convertido las dos legislaturas de Camps ha tocado suelo con el pretendido derribo del Cabanyal, proceso en el que el oscurantismo y el autoritarismo han prevalecido sobre la publicidad y la participación social. Y eso, se mire como se mire, aleja las actitudes de Rita Barberá de los patrones democráticos.

Por parte del PSPV-PSOE vamos a defender la integridad urbana del Cabanyal-Canyamelar y su necesidad de rehabilitación seria, integral y suficiente, porque estamos convencidos de que ninguna ciudad debe dilapidar una parte tan importante de su patrimonio urbano y de su propia historia. Y diga lo que diga la actual alcaldesa de Valencia, defender el Cabanyal es defender los intereses y los valores de esta ciudad y de nuestra comunidad. Y como tal, la historia la juzgará.

Por ello, y como de nuestra propia historia se trata, no podemos dejar de contemplar a Rita Barberá como un Martín Antolinez del siglo XXI, personaje del Cantar de Mio Cid que intenta obtener financiación de dos judíos, silenciando que las arcas que ofrece a cambio están llenas de arena.



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